El dramático caso de Christa Pike (50) en el estado de Tennessee dio un vuelco insólito en cuestión de horas. Luego de que un tribunal federal de apelaciones lograra frenar la ejecución a solo 60 minutos de su inicio para revisar sus antecedentes de enfermedad mental y abuso infantil, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio lugar a un recurso del Estado al límite de la medianoche, levantó la suspensión y autorizó el procedimiento con inyección letal.
Sin embargo, lo que debía ser el desenlace de la sentencia derivó en un hecho sin precedentes y en un grave escándalo institucional. Tras recibir dos tandas completas del protocolo de fármacos letales en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend en Nashville, Pike no falleció, mantuvo signos vitales estables y debió ser evacuada de emergencia hacia un centro médico externo.
Según el relato de los cronistas y testigos presentes en la sala contigua, el procedimiento estuvo plagado de anomalías desde su primera fase. Durante la aplicación inicial, Pike se mantuvo despierta, dialogó con los funcionarios e incluso entonó canciones junto a su guía espiritual. Al suministrarle la segunda dosis, la reclusa comenzó a emitir fuertes ronquidos y a realizar movimientos de cabeza y cuello, continuando con respiración rítmica casi una hora después de iniciado el proceso.
Moción de urgencia y freno a las ejecuciones en el estado
Ante el cuadro de agonía y sufrimiento prolongado, la defensa de la reclusa radicó una moción de urgencia ante el máximo tribunal denunciando tratos crueles y exigiendo asistencia médica inmediata. El Departamento Correccional de Tennessee debió suspender el procedimiento confirmando que, al alcanzarse el tope de dos tandas de drogas que establece el protocolo oficial, queda estrictamente prohibida la aplicación de medidas adicionales de ejecución.
Pike, condenada a la pena máxima por el asesinato de Colleen Slemmer (19) en 1995 cuando tenía 18 años, sobrevivió así al intento de aplicación de la pena capital. A raíz de este grave fallo técnico —el segundo intento fallido registrado en la región en lo que va del año—, el gobernador Bill Lee ordenó abrir una investigación exhaustiva y dispuso la suspensión temporal de todas las ejecuciones previstas en Tennessee para el resto de 2026.