Un cambio estructural de alto impacto en la política criminal y en la justicia penal comenzará a aplicarse en la provincia de Salta a partir de este sábado 5 de septiembre de 2026. Con la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801 (Nuevo Régimen Penal Juvenil), se fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años para los hechos delictivos cometidos desde esta fecha, modificando de forma sustancial el abordaje estatal frente a los adolescentes en conflicto con la ley.
En las horas previas al debut de la normativa, el secretario de Justicia de la provincia, Javier Mónico, trazó un diagnóstico del panorama local en declaraciones al programa Hora de Voces (FM Ya 91.3). El funcionario precisó que actualmente el sistema alberga a 84 menores dentro del Instituto Especializado de Abordaje Territorial bajo un esquema abierto y con seguimiento socioeducativo, mientras que 18 adolescentes se encuentran en establecimientos cerrados de contención.
En cuanto a la distribución territorial de los 18 menores alojados en centros especializados, la radiografía oficial indica que:
Orán: 8 adolescentes.
Metán: 5 adolescentes.
Cerrillos: 3 adolescentes.
Castañares (Capital): 2 adolescentes.
Pese a las dudas que plantea la baja en la edad de imputabilidad (incorporando la franja de 14 y 15 años), Mónico aseveró que "hoy el sistema penal juvenil no está en crisis" y subrayó la filosofía central de la reforma: "El principio de la ley no es la pena de encierro, sino que busca priorizar otro tipo de medidas socioeducativas y alternativas a la pena de cumplimiento efectivo, apuntando a la reinserción social".
La figura del supervisor y el plan piloto de 12 meses
Para garantizar que la privación de la libertad sea el último recurso, el esquema crea la figura clave del supervisor, un rol que será ocupado por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales capacitados para realizar el seguimiento periódico, entrevistas e informes de los jóvenes bajo medidas comunitarias o socioeducativas.
Para dar respuesta a la demanda de este nuevo rol, el Gobierno provincial contempla reasignar profesionales del Instituto de Abordaje Territorial, articular con los municipios del interior y crear un registro de supervisores a disposición de los tribunales juveniles.
Asimismo, la Secretaría de Justicia elevó la propuesta de implementar un plan piloto por 12 meses. Este periodo de prueba de un año permitirá monitorear los indicadores de aplicación de la norma, medir el impacto real sobre el sistema judicial y evaluar la necesidad de reforzar los recintos del interior o contratar mayor personal técnico. Para coordinar el inicio de las actuaciones, las autoridades ya mantuvieron reuniones operativas entre el Poder Ejecutivo, la Corte de Justicia, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.