La combinación de caída en los salarios reales, suba de tarifas y el encarecimiento del costo de vida consolidó una preocupante crisis de financiamiento familiar en el norte argentino. De acuerdo con los últimos cruces estadísticos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y consultoras financieras privadas, Salta se posicionó entre las provincias con los mayores índices de morosidad de todo el país. Los datos revelan un escenario crítico: tres de cada diez salteños que tomaron algún tipo de asistencia financiera arrastran retrasos graves en sus pagos y ya ingresaron formalmente en la categoría de "mora tardía", acumulando más de 90 días de incumplimiento.
La trampa del endeudamiento muestra una marcada segmentación etaria, siendo la población joven la principal víctima de la asfixia económica. El reporte detalla que cerca del 40% de los menores de 30 años en la provincia registran cuentas en rojo, un fenómeno motorizado por la falta de acceso al empleo formal y los bajos niveles de bancarización tradicional. Ante la imposibilidad de calificar para las líneas de crédito de las entidades bancarias tradicionales, la juventud se volcó masivamente hacia las plazas alternativas, tales como las aplicaciones de microcréditos virtuales, las fintech de financiamiento rápido y los sistemas de "compre ahora y pague después", que operan con tasas de interés usurarias.
Las líneas de financiamiento más comprometidas a nivel doméstico son los préstamos personales y los saldos de tarjetas de crédito, que a nivel general de los hogares alcanzaron un récord de morosidad del 14,2% y 11,7% respectivamente, las cifras más altas registradas por el Central desde el año 2004. En los mostradores comerciales de Salta advierten que muchas familias terminaron utilizando estos plásticos o solicitando créditos de corto plazo simplemente para financiar consumos cotidianos e indispensables, como la compra de alimentos en el supermercado o el pago de las boletas de luz y gas, lo que generó una bola de nieve impagable.
La gravedad de la situación financiera caló hondo en el plano político local. En la Cámara de Diputados de Salta ya tomó estado parlamentario un proyecto de ley que solicita a la Justicia salteña la suspensión excepcional por un año de todas las ejecuciones fiscales, embargos de cuentas corrientes y retenciones de sueldos para los deudores individuales de la provincia. Los legisladores argumentan que es urgente dictar una tregua impositiva y financiera para que los trabajadores puedan renegociar sus saldos con los bancos sin perder la totalidad de sus ingresos fijos mensuales en un contexto de recesión profunda.