La Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó un controvertido capítulo normativo al desestimar el planteo judicial presentado contra la derogación de la Ley de Tierras. A través de un fallo dictado este martes, el máximo tribunal dejó sin efecto el freno cautelar que pesaba sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, habilitando en la práctica la adquisición de terrenos rurales por parte de personas o firmas extranjeras sin los topes fijados en 2011.
La Ley de Tierras (Ley 26.737) imponía un límite máximo del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. Tras la derogación por DNU, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata había obtenido un fallo favorable en un tribunal inferior que suspendió la medida en marzo de 2024. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema rechazaron el recurso al entender que la organización de excombatientes no contaba con la personería ni el interés jurídico directo exigido para interponer la demanda en representación del colectivo social.
Si bien el fallo aclaró de forma explícita que su pronunciamiento "no supone abrir juicio sobre la validez constitucional" del decreto de fondo, analistas del fuero constitucional explicaron que la decisión habilita la plena vigencia de la norma en el mercado inmobiliario rural. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que la resolución implica que "cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran, incluida las zonas de frontera, sin límite alguno".
La resolución judicial desató un fuerte rechazo por parte del CECIM, desde donde emitieron un duro comunicado asegurando que la Corte "resolvió el problema político de Milei" y que el fallo "acaba de poner a la República Argentina en venta". La decisión cobra relevancia política luego de que el propio Poder Ejecutivo intentara validar la reforma en el Congreso durante agosto de este año, debiendo retirar el apartado del proyecto ante la falta de consenso entre bloques aliados y las movilizaciones de diversos sectores sociales.