El debate oral y público que se sustancia en los tribunales federales de la capital salteña ingresó en su etapa de definiciones con un pedido de condenas que marca un duro precedente en la lucha contra la corrupción institucional. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, solicitó penas de hasta 16 años de prisión efectiva para los miembros de la organización narcocriminal autodenominada “Los Peluches”. La banda generó un fuerte cimbronazo en las estructuras de seguridad debido a que estaba compuesta casi en su totalidad por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, incluyendo personal en actividad, uniformados exonerados, jóvenes aspirantes de la fuerza y un comerciante que actuaba como nexo logístico.
La acusación formal que pesa sobre los imputados se sustenta en una serie de investigaciones criminales que permitieron desbaratar el transporte de un total de 334 kilogramos de cocaína de máxima pureza. Los cargamentos fueron interceptados de forma flagrante por divisiones de elite durante dos megaoperativos viales cerrojo ejecutados a lo largo del año 2024 en las rutas del norte provincial. De acuerdo con las pruebas ventiladas por la fiscalía ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, los imputados utilizaban sus conocimientos tácticos, sus uniformes y las grillas de turnos oficiales para garantizar que la droga superara las fronteras sin despertar sospechas de los canes detectores.
El modus operandi de la banda quedó completamente al descubierto tras el peritaje técnico de los teléfonos celulares secuestrados. Los imputados habían montado un grupo cerrado de la aplicación WhatsApp bajo el alias de "Los Peluches", plataforma digital que utilizaban como base de operaciones satelital para coordinar las hojas de ruta, alertar sobre retenes imprevistos de otras fuerzas, camuflar los paquetes de estupefacientes en vehículos particulares y organizar los pagos en dólares. La fiscalía demostró que los gendarmes implicados cobraban sumas millonarias por actuar como "punteros" o "barredores", custodiando los cargamentos de las organizaciones proveedoras transnacionales.
En su alegato de clausura, el fiscal Toranzos solicitó una escala penal que va desde los 3 hasta los 16 años de reclusión, requiriendo las penas más altas para los cabecillas y los funcionarios públicos que traicionaron su juramento de servicio a la patria. El caso, ampliamente documentado en los archivos periodísticos de Infobae y el diario El Tribuno, aguarda ahora las réplicas de las defensas técnicas y las últimas palabras de los acusados. Se espera que el tribunal salteño dicte el veredicto definitivo en los próximos días, en medio de un clima de máxima expectativa por las accesorias de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos que recaerán sobre los uniformados infieles.