El grave panorama ambiental y operativo que golpeó a los Valles Calchaquíes sumó un capítulo judicial de máxima tensión. Vecinos y autoridades de Cafayate formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía tras asegurar que existen pruebas contundentes de que el incendio forestal que destruyó unas 50 hectáreas fue provocado de manera completamente intencional. La presentación judicial apunta a identificar y sancionar con el máximo rigor de la ley a los responsables del desastre ecológico.
El área afectada por las llamas se localiza en un punto estratégico del departamento, en cercanías de la Ruta Nacional 68 e inmediatamente próximo al complejo de paneles solares local. Los denunciantes lamentaron las severas consecuencias ambientales sobre el ecosistema nativo y expresaron su profunda indignación por el impacto económico que este atentado generó para las arcas provinciales y municipales.
De acuerdo con las estimaciones oficiales plasmadas en la denuncia, el despliegue del operativo terrestre y aéreo para contener el avance del fuego demandó un gasto superior a los 600 millones de pesos en recursos logísticos de Defensa Civil y dotaciones de bomberos. Los referentes de la presentación judicial remarcaron que esos fondos públicos debieron ser desviados de urgencia para mitigar la emergencia, cuando podrían haber sido destinados de forma directa a áreas esenciales como salud o educación. Con el objetivo de darle mayor volumen institucional y social al reclamo, se lanzó una convocatoria formal para invitar a todos los habitantes de Cafayate a sumarse activamente a la causa penal acercándose a las oficinas correspondientes.