La reciente habilitación del Gobierno nacional para instalar tiendas libres de impuestos en los pasos fronterizos terrestres generó una previsible ola de rumores, desinformación y comparaciones apresuradas en el ecosistema de medios de la provincia. Mientras algunos portales se apresuraron a anunciar la llegada de un complejo mayorista de la magnitud de la "Zofri" chilena o la Zona Franca de las ciudades vecinas, la realidad técnica del Decreto 438/2026 marca un rumbo completamente diferente. El nuevo esquema que gestionó el gobernador Gustavo Sáenz no habilitará un paseo de compras libre para cualquier residente, sino un sistema de Duty Free Shop terrestre bajo el estricto control de las autoridades federales.
En la práctica, la experiencia de compra en Aguas Blancas o Salvador Mazza será idéntica a la que vive un pasajero en el área de embarque del aeropuerto internacional de Ezeiza. Para poder ingresar a estos comercios y adquirir productos nacionales o importados sin el recargo de los tributos tradicionales, será un requisito obligatorio y excluyente presentar el trámite migratorio en curso. Esto significa que solo podrán comprar allí aquellas personas que estén realizando de forma efectiva y legal el trámite de ingreso o egreso del territorio argentino con destino a Bolivia. El vecino común que circule por la localidad sin intenciones de cruzar la frontera no tendrá acceso a las góndolas.
El segundo gran filtro que derriba el mito de un mercado mayorista desregulado son las cantidades y los montos autorizados. El decreto presidencial especifica que todas las transacciones comerciales quedarán encuadradas bajo los parámetros, topes y periodicidad del régimen general de equipaje de la Aduana. Los viajeros no podrán ingresar con intenciones de acopio o reventa masiva; las compras tendrán un límite de franquicia en dólares por persona (que actualmente para ingresos terrestres se ubica en los USD 300 para mayores de edad) y cualquier exceso obligará al comprador a declarar la mercadería y abonar el arancel correspondiente en las oficinas de ARCA.
Con esta diferenciación técnica sobre la mesa, el verdadero objetivo de la normativa queda al descubierto: el Estado no busca crear un polo de importación textil o electrónica para abastecer a los "bagayeros" o ferias del país, sino capturar el flujo de divisas del turismo de compras genuino. Se busca que los salteños y visitantes que hoy cruzan a Bermejo o Yacuiba atraídos por las ventajas cambiarias encuentren los mismos productos del lado argentino, dinamizando la hotelería, los servicios y el empleo registrado en los departamentos de Orán y San Martín sin descontrolar los registros fiscales.