La investigación judicial por las denominadas “escuelas fantasmas” en la provincia de Salta sumó una importante novedad procesal tras la intervención del fuero penal especializado. El abogado Nicolás Vedia, representante legal de Celia Alancay —impulsora de la denuncia—, brindó detalles en el programa La 3 Noticias sobre el avance del expediente y los delitos que se investigan en el ámbito de la administración pública.
Según detalló el letrado, la acción judicial surgió luego de que su representada presentara previamente un reclamo administrativo formal ante el Ministerio de Educación de la Provincia para alertar sobre severas irregularidades en la asignación de cargos docentes y el funcionamiento de una institución educativa. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas, Alancay resolvió judicializar el reclamo con asistencia legal.
Con el patrocinio de Vedia, la presentación inicial se amplió en sede penal mediante una acusación formal que contempla la presunta comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio de la administración pública.
Tras acudir al Ministerio Público Fiscal para constituirse en el expediente, la querella fue notificada de que la causa fue derivada a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), al considerar que los hechos denunciados comprometen directamente recursos patrimoniales y bienes del Estado provincial. La causa quedó radicada bajo la órbita de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien estará a cargo de disponer las medidas de prueba para determinar la veracidad de las acusaciones y deslindar las responsabilidades penales e institucionales correspondientes.