El Senado de la Provincia de Salta aprobó dos importantes iniciativas legislativas orientadas a dar pelea contra el delito y regular el uso del espacio público. Por un lado, el cuerpo legislativo otorgó media sanción al proyecto de ley que prohíbe de manera tajante el ingreso, la tenencia, el uso, la facilitación y la comercialización de teléfonos celulares, así como de cualquier otro dispositivo de comunicación, para todas las personas privadas de la libertad alojadas tanto en cárceles como en comisarías del territorio provincial.
La normativa sobre telefonía celular, impulsada de forma conjunta por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos, tiene como meta prioritaria neutralizar las operaciones de las bandas criminales, impidiendo que desde los establecimientos penitenciarios se continúen coordinando y ejecutando delitos graves como extorsiones, amenazas, secuestros virtuales o estafas. Para volver operativa la prohibición, el texto contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal tecnológica, un severo refuerzo de las requisas y controles en los accesos a las unidades penales, y la implementación de mecanismos oficiales que garanticen el derecho constitucional de los internos a comunicarse con sus familiares y abogados defensores únicamente a través de líneas telefónicas fijas o habilitadas por el servicio penitenciario. "Queremos que quien esté cumpliendo una condena no pueda seguir cometiendo delitos desde adentro de la cárcel", fundamentó Caro Dávalos.
Insistencia contra los "trapitos" y protección a las víctimas
El segundo eje del debate legislativo estuvo marcado por una fuerte postura institucional frente al reordenamiento de la vía pública y la seguridad urbana:
Rechazo a las modificaciones: El Senado resolvió por unanimidad rechazar las modificaciones que había introducido la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del Código Contravencional.
Retorno al texto original: Los senadores decidieron insistir con el documento aprobado originalmente en diciembre de 2025, tras fundamentar que los cambios de la Cámara Baja desvirtuaban por completo el espíritu y la esencia punitiva de la norma.
Freno a la extorsión callejera: El senador Dani Nolasco remarcó que el objetivo central es proteger a los ciudadanos que asisten a eventos deportivos, sociales o culturales y se ven obligados a pagar sumas arbitrarias por temor a sufrir daños en sus vehículos.
Previsión legal: La reforma busca dejar establecido por ley que únicamente aquellas personas que cuenten con una autorización formal y gubernamental expresa podrán prestar servicios de cuidado y estacionamiento en la vía pública.