La tregua legislativa que parecía imponerse en las vísperas de las jornadas mundialistas se rompió por completo en los pasillos del Congreso de la Nación. Un interbloque de diputados de la oposición presentó un duro y extenso pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rinda cuentas de manera oficial y por escrito ante el cuerpo legislativo respecto a las severas contradicciones detectadas en sus recientes presentaciones patrimoniales.
La iniciativa surge como consecuencia directa de la maniobra contable que el propio funcionario ejecutó en las últimas horas del miércoles, cuando presentó una batería de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La jugada del ministro, lejos de disipar las sospechas de presunto enriquecimiento ilícito en la causa judicial que lo salpica, terminó de encender las alarmas de los legisladores debido a los insólitos argumentos que utilizó públicamente para justificar la exteriorización de fondos que previamente había omitido declarar.
Los tres puntos ciegos que la oposición exige aclarar
El documento ingresado por mesa de entradas en la Cámara Baja hace foco en tres ejes centrales de la investigación periodística de Ámbito que el jefe de ministros no logró responder con solvencia en su última aparición televisiva:
1. El origen de los Bitcoin en 2013: La oposición exige que el funcionario presente las constancias de las billeteras virtuales (wallets) y los registros de transacciones que acrediten una supuesta ganancia de u$s 300.000 mediante la compra temprana de activos cripto en 2013. Los fundamentos del proyecto señalan que, en ese año, el activo cotizaba a valores muy bajos y sufrió un colapso inmediato, lo que vuelve técnicamente sospechoso un rendimiento de tal magnitud para un operador minorista de la época.
2. La financiación a sola firma de las jubiladas: Otro de los puntos que genera mayor suspicacia en los despachos del Congreso es la adquisición de un departamento en la calle Miró (CABA) en noviembre de 2025. Los diputados califican de "incomprensible para el mercado inmobiliario actual" que dos mujeres jubiladas le hayan financiado a Adorni un saldo de u$s 200.000 a pagar diferido, de palabra, sin el cobro de ningún tipo de interés y sin la intermediación de agentes inmobiliarios o escribanos que percibieran comisiones.
3. La hipoteca no pagada y el "dinero del placard": El pedido de informes también solicita los expedientes de la causa por ejecución hipotecaria del departamento familiar en la calle 53 de La Plata. La oposición busca determinar por qué, si Adorni declaró haber encontrado de forma imprevista "miles de dólares en efectivo" en el placard tras la muerte de su padre en 2002, la familia optó por litigar durante más de 20 años contra dos ancianas acreedoras hasta lograr la prescripción de la deuda por u$s 22.500 en octubre de 2024, en lugar de saldar el compromiso legítimo.
Un duro golpe a la narrativa de transparencia
"No se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, antes la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos", había argumentado Adorni en la entrevista televisiva.
Esta frase del jefe de Gabinete fue el detonante definitivo para la presentación del proyecto legislativo. Los diputados firmantes señalaron en los fundamentos de la presentación que es un hecho de "extrema gravedad institucional" que el funcionario encargado de coordinar la administración pública nacional y supervisar la recaudación fiscal del país haga una apología pública de la evasión impositiva y el ocultamiento de activos en la televisión abierta.
Desde el entorno de la Casa Rosada mantuvieron el hermetismo y se limitaron a reiterar que todo el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, es anterior a su llegada a la gestión pública en diciembre de 2023. Sin embargo, en el Congreso anticipan que el bloque oficialista difícilmente pueda frenar el avance del pedido de informes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, obligando al estratega discursivo del Gobierno a pasar por un incómodo filtro parlamentario en el inicio del invierno.