La crisis terminal que arrastra el transporte público de pasajeros en el interior de la República Argentina superó las instancias de los reclamos gremiales para convertirse en una emergencia estructural de alcance nacional. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un lapidario documento de diagnóstico en el que advierte sobre un "inminente colapso total" del servicio de colectivos urbanos e interurbanos. Las empresas agrupadas en la cámara patronal aseguraron que, de no mediar un cambio drástico en las políticas de financiamiento estatal, la asfixia económica forzará la suspensión definitiva de recorridos y la desaparición total de líneas de transporte en los grandes conglomerados urbanos, incluyendo al sistema metropolitano de SAETA en Salta.
De acuerdo con el informe de la FATAP, las variables económicas que sostienen el funcionamiento de las unidades se encuentran en un proceso sostenido de deterioro irreversible desde el inicio del año viales. El principal factor de desestabilización radica en la eliminación definitiva del Fondo Compensador del Interior por parte del Ejecutivo nacional, una medida que obligó a las provincias y municipios a absorber los costos operativos con recursos propios insuficientes. A este panorama se le suma el encarecimiento desmedido en pesos del combustible mayorista, el incremento del 120% en el valor de los repuestos importados esenciales y la presión de la UTA para igualar los salarios de los choferes del interior con los sueldos del AMBA.
En los despachos de las empresas que operan los corredores de la capital salteña y el Valle de Lerma reconocen que el modelo actual está agotado y que no se puede seguir emparchando la situación únicamente con subas en el valor del boleto, ya que los incrementos tarifarios terminan expulsando a los usuarios del sistema, reduciendo aún más la recaudación en las tiqueadoras. Las prestatarias insisten en que el transporte público debe ser declarado en emergencia nacional por el Congreso para permitir una reformulación integral del esquema de subsidios directos al pasajero (subsidio a la demanda) a través de la tarjeta SUBE, evitando la quiebra masiva de las firmas concesionarias.
La advertencia de la cámara empresarial impactó de lleno en el Grand Bourg, donde los equipos técnicos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) analizan el margen de maniobra financiero para evitar que el conflicto termine en un lock-out patronal o en un recorte drástico de las frecuencias nocturnas. Mientras la UTA Salta mantiene el estado de alerta por las paritarias, los vecinos de los barrios periféricos de la capital y las localidades del interior provincial observan con profunda preocupación un escenario donde el derecho básico a la movilidad laboral y educativa corre el riesgo de desaparecer por completo en las próximas semanas.