La recesión del consumo interno y la rigidez de los mecanismos de fiscalización tributaria nacional confluyeron en un escenario de extrema zozobra para el aparato comercial de la provincia de Salta. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, Gustavo Herrera, encendió las alarmas de la actividad económica al confirmar que las micro, pequeñas y medianas empresas salteñas se encuentran "literalmente ahogadas" por una ola de embargos y ejecuciones exprés promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Frente a la gravedad de la situación, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se acopló al reclamo provincial y remitió una carta urgente al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, exigiendo la suspensión transitoria de las penalizaciones para evitar un cierre masivo de persianas.
El punto más conflictivo y lesivo del accionar de ARCA radica en la modalidad técnica que adquirieron los embargos en las últimas semanas. Según explicaron los asesores letrados de las cámaras mercantiles, el ente recaudador ya no solo bloquea las cuentas bancarias tradicionales, sino que ordena retener directamente las sumas que las pymes afectadas deben cobrar de sus propios clientes. Los compradores habituales de los comercios locales son notificados mediante abogados del fisco para desviar esos pagos corrientes y depositarlos a favor del organismo estatal hasta saldar deudas que, en muchos casos, responden a demoras operativas mínimas. Esta interrupción del flujo diario de efectivo destruye la cadena de pagos y le quita la liquidez necesaria a los locales para reponer mercadería.
"El escenario es desesperante porque hoy el comerciante de barrio se enfrenta al dilema de elegir qué pagar: si los sueldos de sus empleados, el alquiler del local o las obligaciones de ARCA", sentenció con crudeza Gustavo Herrera en declaraciones a los medios provinciales. Desde el sector empresarial remarcan que no se desconoce la legitimidad jurídica de las facultades del fisco, pero cuestionan con dureza la inoportunidad temporal de las medidas de fuerza en medio de un primer semestre de 2026 signado por la caída del poder de compra y una competencia desigual frente al contrabando fronterizo que evade todo tipo de arancelamiento.
Ante el riesgo inminente de que la asfixia fiscal empuje a decenas de contribuyentes hacia los márgenes de la informalidad laboral o directamente al cese definitivo de actividades, los representantes de CAME y de la mesa comercial salteña propusieron al Palacio de Hacienda la creación de una moratoria o plan de facilidades simplificado con plazos mínimos de hasta 24 cuotas. Los dirigentes fabriles y comerciales insisten en que el Estado nacional debe priorizar el sostenimiento de las fuentes de empleo privado y la supervivencia de las estructuras productivas regionales por sobre las metas de recaudación de corto plazo, advirtiendo que el costo social de no flexibilizar la presión será irreversible para el interior del país.