La Inspección General de Justicia (IGJ) dictó una resolución de fuerte impacto político y administrativo que pone bajo la lupa los mecanismos de financiamiento de los sectores vinculados al oficialismo nacional. El organismo regulador notificó formalmente una intimación a la "Fundación Faro", el principal think tank e intelectual de la fuerza libertaria conducido por el reconocido politólogo, escritor y referente de la batalla cultural, Agustín Laje. La medida se tomó tras detectarse inconsistencias normativas severas en los registros de ingresos de la entidad.
El eje del reclamo oficial se centra en el origen de los recursos que sostienen las actividades, seminarios y publicaciones que Laje y su equipo coordinan a nivel federal. La IGJ intimó a las autoridades del centro de estudios a transparentar de inmediato las identidades, los documentos y el origen lícito de los fondos de aquellos aportantes privados que realizaron transferencias y donaciones millonarias a la estructura en el último tiempo. Según la normativa vigente para las organizaciones sin fines de lucro, la ley prohíbe de forma taxativa el anonimato en contribuciones que superen determinados topes económicos para evitar el lavado de activos.
Desde el entorno legal de la fundación argumentaron preliminarmente que los fondos privados se encuadran dentro de convenios de confidencialidad estándar para el resguardo de la privacidad de los benefactores corporativos. Sin embargo, los inspectores de la IGJ ratificaron que el interés público y las leyes de transparencia financiera civil están por encima de cualquier acuerdo entre privados, advirtiendo que el ocultamiento de los balances y de la nómina de sponsors podría derivar en sanciones severas, multas económicas y hasta la quita de la personería jurídica de la institución que comanda el ensayista.
Frente a la intimación, la conducción de la "Fundación Faro" dispone de un plazo perentorio de días hábiles para presentar las declaraciones juradas rectificativas correspondientes ante los mostradores del organismo de control. La resolución de este conflicto administrativo es seguida con muchísima atención por las principales cámaras empresariales y las fuerzas de la oposición parlamentaria, ya que determinará el nivel de rigurosidad con el que el Estado controlará el flujo de dinero privado destinado a financiar la actividad política y de formación ideológica encabezada por las figuras más visibles del espacio.