A exactos doce meses de haberse quebrado el tablero político nacional con la ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención e inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo unificó sus líneas para lanzar una contraofensiva institucional y territorial de gran magnitud. En una colmada conferencia de prensa celebrada en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación, diputados, senadores y gobernadores del interbloque de Unión por la Patria (UxP) denunciaron que la exmandataria es víctima de un proceso de "proscripción armada" y que padece condiciones de detención domiciliaria de "excepcional severidad", apuntando de forma directa contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
La jornada política sumó un elemento de fuerte impacto transversal con las declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). El experimentado legislador rompió los moldes de la discusión al solicitar de forma abierta que el Congreso de la Nación abra un debate formal para analizar alternativas institucionales que permitan modificar o anular el fallo de la Corte que ratificó la condena a seis años de prisión. Pichetto calificó la situación como un hecho de "extrema gravedad institucional" debido a la investidura de quien fuera dos veces presidenta y una vez vicepresidenta de los argentinos, abriendo una ventana de discusión parlamentaria que el kirchnerismo busca capitalizar de inmediato.
Durante la exposición frente a los medios, el presidente del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, y el senador José Mayans aportaron datos sensibles basados en un informe del Consejo de la Magistratura publicado por Página|12. Según detallaron, las condiciones impuestas a CFK en su domicilio de San José 1111 exceden los parámetros comunes del sistema penitenciario: mientras solo el 23% de los detenidos con prisión domiciliaria en el país está obligado a portar tobillera electrónica, a la expresidenta se la somete a ese control riguroso, sumado a un estricto cepo de visitas políticas y familiares que le fue endurecido tras mantener reuniones de análisis con equipos de economistas. "Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen estas condiciones", fustigó Martínez.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se acopló al reclamo calificando la condena de "arbitraria y desprovista de pruebas por hechos que ni siquiera correspondían a sus competencias ejecutivas", al tiempo que la dirigencia de La Cámpora advirtió que el pedido por la liberación de Cristina Kirchner será el eje rector e ineludible de cualquier plataforma electoral de cara al futuro. Los actos de resistencia y los banderazos espontáneos en universidades y barriadas populares de todo el país tendrán su epicentro el próximo sábado 20 de junio —Día de la Bandera— con una masiva movilización hacia Parque Lezama, donde la militancia espera la difusión de un mensaje grabado de la exjefa de Estado desde su lugar de reclusión.
Conferencia de prensa en Senado de bloques peronistas por CFK. Gustavo Molfino